A medida que la ciudadanía conoce y conversa sobre el proyecto de nueva Constitución, va comprendiendo el valor de los principios y derechos fundamentales consagrados en ella. Adquiere sentido para su realidad cotidiana. Al mismo tiempo, surgen o se expresan legítimas preocupaciones, diferencias o aprensiones que estamos decididos a recoger. El ejercicio democrático que esta amplia deliberación ciudadana significa nos llama a responder con apertura esas inquietudes y resolverlas.

La gran mayoría del país quiere una nueva Constitución. Palpamos que esa gran mayoría del 80% que votó Apruebo en el plebiscito de octubre de 2020 sigue plenamente vigente. Hay gente que tiene justificadas críticas a cómo la Convención hizo su debate y otros tienen críticas al texto, pero también quieren una nueva Constitución.

Somos partidarios de buscar el acuerdo más amplio posible y creemos que eso se logra mejor desde el Apruebo.

El proyecto de nueva Constitución materializa aspiraciones muy sentidas, profundas para el país. La consagración de Chile como un Estado social y democrático de Derecho es esencial y determinante, es lo que permite que el Estado garantice el acceso a la salud y a la educación de calidad, a pensiones dignas, a la vivienda, al trabajo decente y los derechos laborales. Asimismo, contiene normas sobre igualdad de género que serán un salto de inclusión y equidad hacia el futuro. También avanza a una descentralización efectiva, desplaza poder a las regiones y promueve un desarrollo que sea armónico con la naturaleza. Es un proyecto que asegura la unidad del país, reconociendo y respetando su diversidad. La plurinacionalidad es el reconocimiento de los pueblos originarios, es el camino político e institucional para la paz y la superación de un conflicto histórico que nuestra República debe saber resolver.

Sobre la base de esta valoración, nos hacemos cargo de las dudas y críticas de buena fe y hacemos propuestas específicas sobre aquello que hay que corregir y mejorar. Creemos que el nuevo texto es más abierto a los cambios y perfeccionamientos que requerirá. Este acuerdo más amplio es más fácil y viable, insistimos, si aprobamos la nueva Constitución.

A partir del 5 de septiembre, de ganar el apruebo, impulsaremos un acuerdo en torno a un paquete de reformas constitucionales, nos daremos un plazo inicial de seis meses para construir un acuerdo amplio, para que la ciudadanía los apruebe en un plebiscito a mediados del próximo año.

¿A qué reformas nos comprometemos?

1. Tener una Constitución sin cerrojos y que, conforme a nuestras mejores tradiciones democráticas y los requerimientos del futuro, permita reformas a ella en base a sólidas mayorías. La nueva Constitución debe recuperar el espíritu de la Constitución de 1925. Planteamos que se establezca una regla general de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio de ambas cámaras o la mayoría simple de los parlamentarios en ejercicio y un referéndum ratificatorio.

2. Sobre el Sistema Político, planteamos cuatro ajustes:
a) Eliminar la posibilidad de reelección inmediata del Presidente o Presidenta de la República. Ello conduce al delicado riesgo de que se usen los recursos públicos para favorecer la reelección o a la tentación populista de la agenda de los gobiernos cuando se acercan elecciones. Queremos mantener el foco de los Presidentes de la República en el bienestar del país y que ejerzan sus funciones bajo los criterios de un jefe de Estado.
b) Eliminar la Iniciativa parlamentaria en materias que tienen costo presupuestario, porque se prestará para acorralar a los gobiernos con propuestas populistas. Lo mismo es cierto para la autorización mediante ley de endeudamiento en el caso de municipios y regiones.
c) Restablecer la denominación del Senado y, considerando que se optó por el régimen presidencial, analizar reformas a sus atribuciones bajo dos propósitos: garantizar un sano y efectivo equilibrio de poderes y evitar las deficiencias de “cámaras espejo”.
d) Definir los criterios de un sistema electoral que asegure gobernabilidad. Propiciaremos una nueva y mejor legislación electoral. La fragmentación política y la proliferación de partidos o movimientos que reivindican solo sus propias causas volverán muy difícil concordar un proyecto común de cohesión y justicia social. Debe haber un piso de porcentaje mínimo para que los partidos puedan elegir parlamentarios en el Congreso, que proponemos sea del 5%, fortalecer los partidos programáticos –para lo que debe considerarse el voto, al menos para una fracción de los representantes, en listas cerradas y bloqueadas- estimular la formación de grandes coaliciones que otorguen gobernabilidad y resguardar los mecanismos que garanticen la transparencia y democracia interna de los partidos. El número de escaños reservados para los pueblos indígenas debe ser equivalente a la participación de los inscritos en su registro electoral indígena respecto del total de votos válidos emitidos en la respectiva elección.

3. Resolver errores y deficiencias sobre el diseño de la administración de Justicia:
a) Reponer el concepto de Poder Judicial, porque refuerza la idea de un poder que es contrapeso del Ejecutivo y el Legislativo;
b) La composición del Consejo de Justicia debe contar con una clara mayoría de jueces. Asimismo, se debe resguardar que en su elección se evite la gestación de redes de poder que afecten la autonomía jurisdiccional de los jueces o que no se limite a una elección de pares;
c) Garantizar que las facultades del Consejo de Justicia no interferirán en la autonomía jurisdiccional de los jueces y, específicamente, que las evaluaciones de su desempeño no pueden incluir materias relativas a sus fallos.

4. En materia de Seguridad, abordar dos cambios que preocupan a la ciudadanía:
a) Reponer el estado de excepción constitucional de Emergencia, porque constituye una herramienta institucional asentada en nuestra tradición democrática para situaciones especiales que califican de tal, sobre todo, porque evita que situaciones de menor orden solo puedan ser abordados -paradójicamente- por un Estado de Sitio, que es mucho más invasivo y restrictivo que el de Emergencia.
b) Sin perjuicio que la nueva Constitución trata -aunque sea genéricamente- la existencia de “las policías”, se debe realizar una mención explícita a Carabineros y la Policía de Investigaciones, porque ello fortalece su carácter de instituciones de la República, destinadas a proteger a la ciudadanía y resguardar la igualdad ante la ley.

5. Fortalecer la participación ciudadana. El texto constitucional resalta la importancia de la democracia participativa y crea instituciones como la iniciativa popular de ley y la abrogación de leyes. Sin embargo, creemos que ello debe reforzarse con la creación de un Consejo Ciudadano consultivo de los poderes Ejecutivo y Legislativo en los grandes temas del país, particularmente en los que dice relación con el desarrollo sostenible desde una perspectiva económica, social y ambiental. Destacamos su carácter consultivo y no resolutivo, pues creemos que es la forma de armonizar la participación social con la democracia representativa.

6. Ampliar expresamente el derecho de propiedad intelectual a la propiedad industrial, situándola en un estatus similar al que se otorgó a la creación artística, porque ello fortalece el trabajo que nuevas generaciones de investigadores y desarrolladores de innovación están haciendo.

7. Reconocer en materia de relaciones internacionales que el ejercicio de la soberanía y el principio de no intervención en los asuntos internos de los países debe tener como limitación el respeto a los derechos humanos y los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes.

8. Respecto del consentimiento indígena establecido en el art. 191, a objeto de evitar interpretaciones equívocas o de mala fe, se debería volver a la propuesta realizada por la Comisión de Armonización, precisando con ello que su sentido y alcance se remite a las reglas del Convenio 169 de la OIT.