El próximo 4 de septiembre estamos convocados a tomar una decisión trascendental: si el proceso constitucional se articula en torno a una nueva Constitución o si se hace bajo los parámetros de la Constitución de 1980.

Frente a ese dilema nuestra postura inequívoca es llamar a votar Apruebo. Aprobar y mejorar.

 Nuestra oposición a la Constitución actual es desde siempre; estuvimos contra su dictación en 1980 y luchamos contra ella en el período de la dictadura. Ese esfuerzo ha tenido muchos capítulos, desde el trabajo transversal del Grupo de los 24, la derrota de Pinochet el 88, las reformas mínimas que exigimos el 89, las múltiples reformas que impulsamos y conseguimos desde el inicio de la democracia y el 2005, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, removiendo los principales enclaves autoritarios, como los senadores designados y vitalicios o el Consejo de Seguridad Nacional. Sin embargo, ninguno de esos cambios logró eliminar la matriz conservadora y neoliberal del texto constitucional. Todos los esfuerzos por cambiar esa matriz chocaron, precisamente, con el veto que el texto constitucional actual le entrega a la derecha. Prueba de ello es la forma en que fue descartado el camino de cambio constitucional que promovió la ex Presidenta Michelle Bachelet. Tuvo que llegar el estallido social para que eso cambiara. Por esa razón, reafirmamos hoy nuestra convicción de que la actual Constitución será siempre una traba para canalizar el proceso de cambios que la sociedad chilena está demandando y que, de vencer el rechazo, la derecha seguiría disfrutando de un poder obstaculizador que trasciende su legítima representación política.

La propuesta de nueva Constitución removerá finalmente esos obstáculos: es más democrática y traerá mayor progreso y cohesión social. Sin duda es más respetuosa de la diversidad del país y de su rica naturaleza. Su legitimidad de origen será una fuente de mayor paz social y tranquilidad. Fue iniciada por la decisión de la abrumadora mayoría de chilenos y chilenas, y electa con un criterio de paridad de género y representación de los pueblos indígenas que no tiene precedentes en Chile y el mundo. Por ello, nuestra convicción y nuestro llamado a la ciudadanía es a Aprobar el nuevo texto.

Entendemos, sin embargo, que el debate constitucional no terminará el 4 de septiembre.

El proceso tendrá distintos hitos y seguirá con la implementación de las múltiples leyes que serán necesarias para aplicar efectivamente la nueva Constitución. Ese camino incluirá también la sana revisión democrática del sentido y alcance de sus propias normas y la corrección de sus defectos y vacíos. La Constitución de 1925 entró realmente en vigencia a partir de 1932 y fue transversalmente valorada a partir de sucesivas reformas. Así también, a pesar de todo el poder del que hizo uso y abuso la dictadura, la Constitución del 80 demoró años en resolver todo su largo armado de leyes orgánicas y leyes complementarias. Lo mismo ocurrió en las democracias europeas que acordaron nuevas Constituciones después de la Segunda Guerra Mundial, que perfeccionaron sus normas a través de los fallos de sus tribunales constitucionales y las reformas legales que implementaron.

En el plebiscito de septiembre debemos decidir si queremos seguir armando nuestra arquitectura constitucional a partir de lo elaborado por los constituyentes democráticamente electos o desde la Constitución heredada de la dictadura. Frente a esta disyuntiva no dudamos en que el Apruebo es el mejor camino. El nuevo texto no sólo es superior al anterior, sino que además es más abierto a los perfeccionamientos que requerirá. Pero también tiene problemas, de los que nos hacemos cargo, y que deberán subsanarse. Por eso invitamos a aprobar y mejorar.

Razones para Aprobar que enfatizaremos

Apoyamos la nueva Constitución porque trae cambios que Chile necesita con urgencia. El más evidente es la consagración de Chile como un Estado social y democrático de Derecho. Ello establece el deber del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para lograr de manera progresiva la plena satisfacción de los derechos fundamentales y eliminar todos los obstáculos que pudieran limitar o entorpecer su realización. Es decir, la nueva Constitución compromete al Estado en la búsqueda de una verdadera igualdad de derechos y, con ellos, de oportunidades. Así, vemos que se abre el camino para que Chile avance en la construcción de un verdadero Estado de Bienestar, lo que constituye desde nuestro punto de vista la forma más efectiva y responsable de responder a los reclamos y aspiraciones que millones de compatriotas han expresado a lo largo y ancho del país. Y que, vale recordar, fue un tema resuelto hace décadas por las naciones hoy desarrolladas.

La nueva Constitución detalla todos los derechos que el Estado deberá garantizar para asegurar un buen vivir. Entre ellos destacamos:

• A la salud y el bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental; como también al cuidado desde el nacimiento hasta la muerte y a una alimentación saludable y completa.
• A la educación en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media.
• A la vivienda digna, con buenos servicios: movilidad segura y sustentable; conectividad y seguridad vial, derecho al agua y al saneamiento, con áreas verdes que permitan la actividad física y recreativa.
• A un trabajo decente y a la seguridad social: los trabajadores fortalecen sus derechos y los pensionados su calidad de vida.

La nueva Constitución da cuenta de la diversidad de Chile y reconoce a los históricamente marginados como iguales en dignidad y derechos. La propuesta constitucional innova en materias largamente postergadas y cruciales para el desarrollo y la cohesión social del país: una descentralización efectiva, el reconocimiento de Chile como plurinacional y la no discriminación por género.

• Incorpora la igualdad de derechos y de participación a la mujer y el feminismo cruza transversalmente el nuevo texto constitucional. Se hace plena la democracia paritaria.
• La plurinacionalidad es el reconocimiento de los pueblos indígenas, su cultura, derechos y reivindicaciones, abriendo la posibilidad de cerrar una de nuestras grandes e históricas heridas. Ello será un fundamento para la paz, la reivindicación de la vía política, institucional y democrática para enfrentar el conflicto histórico de Chile con sus pueblos originarios y la concepción de la unidad del país a partir de su diversidad. La nueva Constitución se apega a los principios y condiciones del Convenio 169 de la OIT, ni más, ni menos.

El avance a un Estado Regional es uno de los cambios más profundos, porque da cuenta de los derechos de nuestros territorios y sus habitantes e inicia un auténtico proceso de traspaso de poder, competencias y recursos a los gobiernos regionales y municipales. Este paso transfiere decididamente poder a las regiones y comunas abriendo canales de participación, y permitiendo que las decisiones se tomen más cerca de las personas, avanzando en la construcción de la gobernanza territorial que Chile necesita.

La nueva Constitución es ecológica y permite enfrentar con mayor eficacia la grave crisis climática que enfrenta el mundo y Chile en particular:

• La protección del medio ambiente y la naturaleza, con mecanismos claros, asegurando un desarrollo sostenible.
• El uso eficiente del agua y su priorización para el consumo humano, reforzando el resguardo constitucional de la reforma al Código de Aguas que después de años logramos aprobar en el Congreso.
• La protección de nuestra biodiversidad y nuestros Océanos.

La nueva Constitución fortalece los poderes del Estado, mantiene la independencia entre los poderes y fortalece la participación ciudadana:

• Fortalece responsablemente los ámbitos de acción del poder ejecutivo. Lo obliga al cumplimiento progresivo de los derechos sociales, a la vez que lo sujeta al principio de responsabilidad fiscal.
• Asegura un balance de poderes entre la Cámara de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones en todas las materias de gran incidencia nacional, reduciendo los riesgos del cesarismo presidencial.
• Crea un Consejo de la Justicia que administre la carrera judicial con independencia de presiones políticas o jerárquicas, como por años lo planteaban los mismos jueces, porque ello fortalece la autonomía de su labor jurisdiccional y eleva la transparencia de la administración del poder judicial. Sin embargo, creemos que este Consejo debiera estar mayoritariamente compuesto por jueces.
• Profundiza la democracia al generar instancias de participación y control del Estado por parte de la ciudadanía.
• Mejora la composición y los ámbitos de competencia de la justicia constitucional y modifica el sistema de justicia vecinal.
• Garantiza la autonomía del Banco Central.

Chile necesita estos cambios para ser un país más integrado, más fuerte, innovador y democrático, con mejores perspectivas de progreso sostenible. Son cambios profundos, de gran envergadura y hacerlos realidad requerirá mucha colaboración y recursos y, por lo mismo, tiempo y prudencia; lo sabemos por experiencia propia. Es muy importante que las normas transitorias den debida cuenta de esta realidad, alargando los plazos que actualmente se consideran y priorizando los cambios por los que se debe partir.

Establecer las garantías a los derechos sociales básicos, creemos, debe ser la prioridad.

Preocupaciones que buscaremos despejar

Sabemos que hay una poderosa minoría que no quiere estos cambios. Vemos también como usan sus medios de comunicación para hacer lo que siempre han hecho: desinformar -o derechamente deformar- para meter miedo: la antigua y recurrente campaña del terror.

Pero también percibimos temores legítimos de muchos chilenos y chilenas ante innovaciones que abren interrogantes que requieren respuesta. Consideramos que es una obligación de las fuerzas democráticas dar seguridad y precisar la forma en que se desarrollarán las transformaciones que traerá la nueva Constitución, así como comprometer cambios en las materias donde ya se verifican insuficiencias. El gobierno tendrá una parte central en esta tarea pues deberá presentar los proyectos de ley que implementarán la nueva Carta Fundamental.

Son varias las materias en que debemos despejar las dudas ciudadanas, sean estas causadas por las campañas de desinformación o por temores legítimos de las personas. Algunos ejemplos:

• La desmilitarización de las policías no debilita la seguridad. Muchas personas creen, sobre todo en sectores populares, que eso significa debilitar a Carabineros y la PDI, en circunstancias que su capacidad operativa para desarticular la delincuencia y el narcotráfico no depende de eso. Esta propuesta toma la experiencia de las sociedades más democráticas y con mayores índices de seguridad del mundo, que tienen policías no militares, pero fuertes y profesionales. A ese modelo debe propender Chile y la nueva Constitución lo reconoce. Los gobiernos democráticos ya han dado pasos en este sentido al trasladar estas fuerzas desde el ministerio de defensa al ministerio del interior.
• No hay pérdida de financiamiento para los colegios particulares subvencionados. El texto propuesto identifica a la educación pública como un proveedor necesario, pero no único, pues no inhibe al estado de complementar a este mediante el financiamiento de la educación particular. Supera así una ambigüedad del actual texto que ha sido motivo de interpretaciones polémicas, y contradictorias por parte del Tribunal Constitucional. Hubiéramos preferido que se incluyera explícitamente el derecho de los particulares a abrir establecimientos educacionales y la posibilidad de que el Estado financie la educación privada en las modalidades que determine la ley cuando se cumplan los requisitos que ésta defina, pero ello no fue así porque la propia derecha y algunos sectores de la izquierda radical votaron en contra. Consideramos que existe un piso político suficiente para corregir este problema apenas entre en vigencia el nuevo texto.
• No hay expropiación de los ahorros previsionales. Esto no figura en ninguna parte del nuevo texto constitucional. Será una ley la que determine las características del nuevo sistema y el actual Gobierno ha sido explícito en señalar que no habrá expropiación de recursos previsionales. Además, eso es absurdo al existir una norma constitucional que regula la indemnización en los casos de expropiación, que obliga su mismo pago. Una cuestión diferente es que una parte de las cotizaciones futuras pueda tener un destino colectivo, única forma de asegurar solidaridad de género y de ingresos entre los participantes.
• No habrá separación del país producto de la plurinacionalidad y la justicia indígena. La propuesta constitucional garantiza explícitamente la Unidad del Estado y su territorio, su indivisibilidad, también de que toda la población se regirá por las mismas leyes civiles y penales bajo el sistema judicial nacional. Resta que futuras leyes definan con claridad cómo funcionará el pluralismo jurídico, en qué materias específicas y respecto de quiénes, siempre dentro de los asuntos internos y locales de las comunidades indígenas y manteniendo la posibilidad de recurrir al sistema judicial nacional. Nos parece fundamental precisar que ello se funda en la aplicación universal de los derechos humanos como límite estricto a las eventuales particularidades de cada sub-sistema, así como la dependencia de todos ellos de la Corte Suprema. Todo ello será materia de ley, esto es, lo analizará y resolverá el Congreso. No hay una imposición unilateral de la Convención ni del texto de la nueva Constitución. Como lo han planteado destacados juristas, bajo estas normas, la autonomía no significa soberanía, no está en riesgo la unidad de Chile.
• Subsiste la posibilidad de atenderse con prestadores privados por la eliminación de las Isapres. La verdad es que se propone un seguro único de salud para chilenas y chilenos que incorporará prestadores públicos y privados; adicionalmente, cada uno podrá complementar el seguro público con seguros privados. El sentido de los cambios es reforzar la solidaridad del financiamiento de la salud y de la red pública, donde se atiende más del 80% de la población. Sin duda, la transición a este nuevo sistema debe organizarse de manera gradual y responsable; trabajaremos porque así sea y se lo demandaremos al gobierno y al parlamento.
• No se debilita el derecho de propiedad. No existe ningún elemento que no esté acorde con las mejores prácticas internacionales; el derecho de propiedad está plenamente asegurado y mantiene, a nivel constitucional, los actuales resguardos respecto de la expropiación. Se mantiene lo que hoy existe en materia de expropiación por causa de utilidad pública, pues debe autorizarse por ley, pagando previamente su pago justo.

Materias que propondremos modificar

Por último, explicitamos nuestra propuesta de aprobar y mejorar, ya que existen ciertas materias en que se deberá corregir, perfeccionar y complementar el actual borrador de nueva Constitución.

Nos comprometemos a impulsar las siguientes reformas constitucionales al texto que se apruebe:

• Tener una Constitución sin cerrojos, pero cuyos cambios requieran mayorías significativas. Planteamos que las mismas normas permanentes sobre los quorum de reforma de la nueva Constitución rijan durante el periodo de transición. Para esos efectos, compartimos la posición de la Comisión de Armonización de establecer la regla general de 4/7 para la reforma constitucional de la mayoría de las materias, junto al mecanismo de mayoría simple y referéndum o el quorum de 2/3 en ambas cámaras en aquellas materias más relevantes. Ello permitirá una transición más eficaz, con mayor incentivo al acuerdo y con garantías democráticas robustas, conforme a nuestra tradición y vocación.
• Eliminar la posibilidad de reelección inmediata del Presidente o Presidenta de la República. Ello conduce al delicado riesgo de que se usen los recursos públicos para favorecer la reelección o a la tentación populista de la agenda de los gobiernos cuando se acercan elecciones. Queremos mantener el foco de los presidentes de la República en el bienestar del país y que ejerzan sus funciones bajo los criterios de un jefe de Estado.
• Eliminar la Iniciativa parlamentaria en materias que tienen costo presupuestario porque se prestará para acorralar a los gobiernos con propuestas populistas. Lo mismo es cierto para la autorización mediante ley de endeudamiento en el caso de municipios y regiones. El riesgo de populismo parlamentario -al que se agregaría la tentación del propio Ejecutivo en la eventual reelección del Presidente- existe y no puede ser pasado por alto.
• Llamar Senado de las Regiones a la nueva Cámara. La diferencia de atribuciones que plantea el nuevo texto no tiene el carácter ni la envergadura que merezca un cambio de nombre y, por el contrario, genera innecesarios temores.
• Reponer el nombre del Poder Judicial, porque refuerza la idea de un Poder que es contrapeso de los otros dos (Ejecutivo y Legislativo).
• Fortalecer la participación ciudadana. El texto constitucional resalta la importancia de la democracia participativa y crea instituciones como la iniciativa popular de ley y la abrogación de leyes. Sin embargo, creemos que ello debe reforzarse con la creación de un Consejo Ciudadano consultivo de los poderes Ejecutivo y Legislativo en los grandes temas del país, particularmente en los que dice relación con el desarrollo sostenible desde una perspectiva económica, social y ambiental. Destacamos su carácter consultivo y no resolutivo, pues creemos que es la forma de armonizar la participación social con la democracia representativa.
• Ampliar expresamente el derecho de propiedad intelectual a la propiedad industrial, situándola en un estatus similar al que se otorgó a la creación artística, porque ello fortalece el trabajo que nuevas generaciones de investigadores y desarrolladores de innovación están haciendo y protege las fuentes de desarrollo del futuro del país.
• Reponer el estado de excepción constitucional de Emergencia, porque constituye una herramienta institucional asentada en nuestra tradición democrática para situaciones especiales que califican de tal y, sobre todo, porque evita que situaciones de menor orden solo sean abordadas -paradójicamente- por un Estado de Sitio, que es mucho más invasivo y restrictivo que el de Emergencia.
• Definir con urgencia un sistema electoral que asegure gobernabilidad. Propiciaremos una nueva y mejor legislación electoral. La fragmentación política y la proliferación de partidos o movimientos que reivindican solo sus propias causas volverán muy difícil un proyecto de cohesión y justicia social. Debe haber un piso de porcentaje mínimo para elegir parlamentarios en el Congreso, fortalecer los partidos programáticos – para lo que debe considerarse el voto, al menos para una fracción de los representantes, en listas cerradas y bloqueadas-, estimular la formación de grandes coaliciones que otorguen gobernabilidad y resguardar los mecanismos que garanticen la transparencia y democracia interna de los partidos. El número de escaños reservados para los pueblos indígenas debe ser equivalente a la participación de los inscritos en el registro electoral indígena respecto del total de registrados. Necesitamos una democracia fuerte y efectiva, sin ella no hay Estado Social y Democrático de Derechos. La importancia clave de las leyes que plasmarán la nueva constitución, como se destacara más arriba, hacen de este uno de los principales desafíos futuros.
• Reconocer en materia de relaciones internacionales que el ejercicio de la soberanía y el principio de no intervención en los asuntos internos de los países debe tener como limitación el respeto a los derechos humanos y los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes.
• Impulsar la inclusión de temas del futuro que no entraron en el debate. Notamos también un cierto vacío en el texto frente a problemas nuevos que ya están entre nosotros: ¿cómo se norman las distintas formas en que inciden las tecnologías en la vida humana? ¿cómo abordamos los cambios que la innovación genera en el trabajo, en la educación, en la salud y las formas de vida? ¿cómo se administra la información que genera la inteligencia artificial, cómo se contiene la información falsa, cómo se defienden los neuro derechos? ¿qué instituciones nos van a permitir avanzar en la transición energética y abordar el cambio climático? ¿cómo estas nuevas tendencias van a impactar las instituciones políticas y cómo ellas deben adaptarse a la velocidad de los cambios y, aún más, desarrollar capacidad anticipatoria? Estas materias deben ser consideradas en lo sucesivo.

Nos alienta la convicción de que la nueva Constitución generará mejores condiciones para permitir estos mejoramientos y reformas, sin los límites que tiene la actual con sus cerrojos y su matriz conservadora.

Chile viene arrastrando por décadas desafíos sociales no resueltos, con soluciones sólo parciales y carentes de universalidad; es este un clamor que ha estado presente desde “la cuestión social” de principios del siglo XX y que se intentó resolver en los proyectos transformadores de los gobiernos de Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Se expresó también en el desafío de crecimiento con igualdad social que abordó la Concertación y la Nueva Mayoría, con éxitos y con límites, en gran parte por la existencia de las trabas de la actual Constitución. Ese es el salto hacia adelante que podemos dar hoy.

Invitamos a chilenas y chilenos a informarse sobre los reales contenidos de la propuesta de nueva Constitución, a no dejarse llevar por la desinformación de los interesados en conservar su poder de veto, pero también a participar activamente en las leyes que le darán forma como en sus perfeccionamientos como los mencionados. Chile necesita cambios y esta propuesta Constitucional los favorece. Impulsa un país donde todos sus habitantes nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Agradecemos el arduo trabajo de los y las constituyentes, particularmente de aquellos que defendieron con tanta fuerza y convicción los valores democráticos y progresistas, y les pedimos un último esfuerzo para fortalecer las posibilidades de que su trabajo, al ser aprobado por una gran mayoría, se vea plasmado en la nueva Constitución que Chile reclama y requiere.

Como señaláramos, el proceso constitucional continuará, pues esta nueva Carta Fundamental lo permite, pero desde ya también se iniciará la implementación de la nueva Constitución. Generar las condiciones que hagan posible convertir en realidad los principios y derechos que esta nueva Constitución establece requerirá un gran esfuerzo colaborativo de los diversos actores de la vida nacional. El país debe transitar por un camino que logre armonizar una mayor prosperidad económica con un estado de bienestar más fuerte y efectivo; con la protección del medioambiente y la reducción en la huella de carbono y con una cultura de respeto por la dignidad de todos y todas. La nueva Constitución, para hacerse carne en la vida nacional, requiere de un pacto ciudadano que comprometa el esfuerzo de todos y todas, incluso de aquellos que voten rechazo. Este solo se logra mediante un diálogo de buena fe que permita construir una visión compartida de lo que cada quién debe hacer para lograr lo que la Nueva Constitución establece. Esperamos que sea aprobada por una amplia mayoría. Desde ya comprometemos nuestro trabajo y voluntad para construir ese pacto ciudadano. Así lograremos nuestro llamado inicial: aprobar y mejorar.

 

Comisión Política

Partido Por la Democracia

13 de junio 2022

 

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